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Morelia, Mich., a 23 de mayo de 2012.- En el marco del análisis a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno presentado por el Ejecutivo estatal en materia de derechos humanos, la Comisión legislativa del rubro sostuvo reunión con el titular de la Dirección General Jurídica Consultiva de la Procuraduría General de Justicia.
Lo anterior con el objetivo de conocer a fondo sobre la procuración de los derechos en dicha instancia, además de los detalles, el curso y la dictaminación de las recomendaciones presentadas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la Comisión Estatal, respectivamente, durante el periodo de enero de 2011 a febrero de 2012.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Laura González Martínez, distinguió la importancia de vincular los esfuerzos institucionales a fin de garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos de las y los michoacanos, consolidando con ello la cultura del respeto a las garantías fundamentales, sin distinción de ideologías o creencias.
No obstante a las dificultades que de inicio ha presentado la nueva administración para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, es un deber de los órdenes de gobierno generar el orden y las condiciones requeridas para dar respuesta inmediata a las múltiples demandas de protección y seguridad que las familias michoacanas exigen, puntualizó la legisladora.
Además, señaló que el uso eficiente de los recursos así como la transparencia del actuar gubernamental son acciones que de inicio, pueden generar mayor confianza en la ciudadanía de que se está haciendo un esfuerzo real por hacer las cosas diferentes.
Para tales efectos, el director general, Marco Vinicio Aguilera Garibay, expuso que de acuerdo con lo señalado en el Informe y los datos conocidos hasta el momento por el gobierno entrante, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron recibidas, atendidas en tiempo y forma un total de cuatro; pendientes de resolución son tres y que las solicitudes de información de averiguaciones previas iniciadas sobre personas son 33.
Respecto a presuntos desaparecidos, a fin de ubicarlos dentro de investigaciones ministeriales, fueron atendidas 150; relativas a presuntas personas desaparecidas boletinadas a las Subprocuradurías regionales de justicia para colaborar en su ubicación, fueron 258.
Las quejas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) son un total de 227; acuerdos de no violación a los derechos humanos, son 10; archivadas 115 y pendientes de resolución por parte de la CEDH, 102.
Las solicitudes de información sobre presuntos desaparecidos a fin de ubicarlos, son 132; las personas presuntamente desaparecidas, boletinadas a las Subprocuradurías, son 192, y las de presuntas desapariciones boletinadas a las Subprocuradurías regionales de justicia para colaborar en su ubicación, fueron 258.
El director general señaló que en Michoacán existe un gran rezago en lo relativo a las desapariciones de personas, toda vez que no se cuenta con una reglamentación especial en la materia, por lo que jurídicamente son pocas las herramientas que pueden utilizarse por parte de la Procuraduría y en muchas ocasiones han tenido que suspenderse las investigaciones por falta de elementos legales para proceder.
Así, calificó de trascendental una mayor coordinación entre las instancias responsables a fin de comunicar y explicar de manera puntual a los familiares sobre la realidad y el alcance de las acciones, ya que afectados por su situación reclaman una resolución final que para la Procuraduría resulta inviable legalmente ante la falta de información.
“Reconocemos las carencias y dificultades a las que se enfrentan para ejercer su función”, indicó Laura González; sin embargo, los gobiernos no tienen otra tarea más que la de generar la confianza en la ciudadanía de que se corregirá el rumbo y que los actos de corrupción e inseguridad serán atacados de raíz.
Finalmente, la legisladora admitió la importancia de mantener el acercamiento con los involucrados en dicho análisis a la Glosa a fin de presentar en tiempo y forma, el dictamen final sobre la información contenida en el citado Informe de Gobierno.
