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| Por Víctor Ardura.- |
1. No es raro que el gobierno federal la emprenda otra vez, vulnerando la secrecía que debe guardar una investigación, en contra del exgobernador Leonel Godoy Rangel. Con palos de ciego intentan involucrar a Godoy Rangel en una red de corrupción en un asunto en el cual la secretaría de la Función Pública se ha visto torpe y poco eficiente. El que funcionarios del IMSS hayan sido mencionados por la secretaría por prácticas deshonestas y para favorecer a una empresa, ello no implica que se pueda dañar el nombre de un tercero si las pruebas no existen. Al igual que el michoacanazo, se filtran los datos de una investigación, en este caso a la Voz de Michoacán, sin sustento y bajo el amparo de supuestos documentos oficiales.
Por supuesto que el asunto será respondido por el exgobernador y, desde mi punto de vista, sería necesario una acción legal pues está difamando el nombre de un político que si en algo se ha distinguido es precisamente por su honestidad.
2. La voz de Michoacán no acostumbra publicar aclaraciones, por eso creemos pertinente dar a conocer la versión del afectado, cosa que no hizo el diario. La respuesta está dirigida directamente al Director, Miguel Medina Robles, y dice así:
Morelia, Mich., a 14 de mayo del 2012.
MIGUEL MEDINA ROBLES
LA VOZ DE MICHOACÁN
DIRECTOR
En relación a las ocho columnas publicadas en su edición del lunes 14 de mayo en donde se señala “Vinculan con tráfico de influencias a LGR”, deseo manifestar lo siguiente:
Niego categóricamente, que en mi periodo de gobierno hayamos tenido alguna relación con las empresas que se mencionan en su reportaje periodístico. Por lo tanto es absolutamente falso cualquier vínculo o acusación que se haga al respeto.
Es lamentable que no se haya dado la oportunidad de dar mi versión a su medio de comunicación. Leí que sí buscaron para que diera su opinión al ex secretario de la función pública y a un diputado local, y a mí que soy el afectado con tamaña mentira, no se me haya dado el legítimo derecho que tengo de defenderme de señalamientos infamantes a mi honra y a la de mi equipo de colaboradores.
Le solicito respetuosamente pero enérgicamente, se me dé el derecho de réplica y se publique en el mismo lugar y espacio esta aclaración.
Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la ley de imprenta.
Sin más por el momento, agradezco la publicación de esta aclaratoria.
Mtro. Leonel Godoy Rangel
3. Finalmente llegó el acuerdo y el gobierno del estado, a través de la Procuraduría General de Justicia presentó el desistimiento de los cargos levantados en contra de diez estudiantes recluidos en el Cereso David Franco Rodríguez. Al momento de redactar esta entrega, (al rededor de las seis de la tarde), familiares, amigos, periodistas y simples curiosos esperaban la salida de los muchachos, -que no “chavos” como dice el CGCS Julio Hernández-, a quienes les fueron levantados cargos graves que no merecían fianza.
Curiosa, contrastante, aleccionadora la actuación de la procuraduría cuando todavía unos días atrás pensaba apelar ante el juez la libertad de tres de los compañeros de estos estudiantes.
¿Qué queda y qué se puede rescatar de este expediente? En primer lugar ponderar el que se haya llegado a un acuerdo entre las partes en conflicto. No hay que olvidar que había una férrea negativa al interior del gobierno, -no hablo del gobernador sino de sus subalternos-, para llegar a un acuerdo con la Coordinadora de Universitarios en Lucha. A la confusa declaración ante los medios de Vallejo Figueroa dando a entender que sí, que era posible que el gobierno se desistiera, de inmediato surgieron voces, con el secretario de gobierno a la cabeza, que lo contradijeron.
El convenio que firman ambas partes no es otro que el compromiso, por parte de los estudiantes, a respetar edificios públicos y los bienes tanto del servicio público como de particulares. Preocupa sin embargo, que el imponderable Julio Hernández haya dado a conocer que parte del convenio es la posible revisión, el meter la lupa, a la Casa de los Estudiantes, cuestión que en última estancia corresponde decidir al Consejo Universitario y no al gobierno del estado.
Como cualquier organismo que recibe fondos públicos, saludable es la rendición de cuentas. Pero es un proceso que debe pasar por los universitarios y nada más. En el anterior gobierno, en el de Leonel Godoy Rangel, no se impuso a los universitarios la ubicación de los campus que se construyeron a fin de llevar la educación extramuros. Godoy Rangel esperó a que el Consejo Universitario decidiera en dónde y ahí se construyó.
De hecho los gobiernos de izquierda han sido escrupulosamente respetuosos de la autonomía universitaria. Con Lázaro Cárdenas Batel, la elección del rector se decidió por su cuerpo de gobierno sin que la opinión del gobernador o los dedos torcidos del ejecutivo se vieran inmiscuidos en la elección, como sucedió en el gobierno que le antecedió, en el de Víctor Manuel Tinoco Rubí.
Este sacara las manos fuera de la elección de rector sorprendió a muchos porque rompió con una de esas costumbres heredadas de los gobiernos priistas. Con Godoy Rangel se repitió el esquema de respeto absoluto hacia las decisiones de los universitarios. Así sucedió con la transferencia entre Silvia Figueroa Zamudio y Salvador Jara Guerrero.
Pero ahora vemos el regreso de los brujos. Este insistir del gobierno estatal por meterle lupa a las Casas del Estudiante es directamente proporcional a los usos y costumbres de imponer rector, como en los tiempos de antes.
Bienvenida la final solución que dirime un conflicto que creció de menos a más hasta escalar la atención de la opinión pública. Habrá que estar atentos, empero, de los afanes priistas de querer meter su cuchara en nuestra máxima casa de estudios.
