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De que no se puede gobernar como antes, ha quedado claro con el expediente de la represión ejecutada por el gobierno del estado en contra de los estudiantes, en contra de los habitantes de tres Casas del Estudiante. Mal cálculo político para el gobernador Fausto Vallejo Figueroa el pensar que se podían hacer las cosas como en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. Y tan pésimo es el cálculo que ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llegó a un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga cuanto antes en el expediente.
El Punto de acuerdo le solicita al ombudsman nacional vigile la aplicación justa de la ley en este caso y de ser así se apliquen medidas cautelares a fin de proteger los derechos humanos de quienes fueron procesados y detenidos.
Este transitar entre una postura legaloide mal entendida, las diferentes contradicciones entre una postura y otra que ha derivado en un intento de acuerdo con la Coordinadora de Universitarios en Lucha, ha tenido un costo particularmente alto para el priista Vallejo Figueroa. Pero más allá de este asunto de gobernabilidad se encuentra el hecho gravísimo de la violación a la autonomía universitaria, a la Constitución al no haber presentado órdenes de arresto, y la evidente vejación y brutalidad con que actuaron los policías estatales y federales en contra de los estudiantes.
El petista Jaime Cárdenas Gracia no pudo haber escrito de mejor manera la situación: “hubo una actitud de torpeza del gobierno del estado al acudir a expedientes del pasado, a la represión, al procesamiento y el auto de formal prisión como se hacía durante las décadas de 1960 y 1970”. Urge que aterricen los acuerdos con la CUL y se puedan liberara a los 10 muchachos detenidos y presos en una cárcel de máxima seguridad. Pero sobre todo que no vuelvan a repetirse este tipo de tentaciones autoritarias.
