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México DF a 2 de mayo del 2012.- En febrero del 2002 inició un periodo de 10 años de gobiernos perredistas en Michoacán. Accedimos al poder por la vía democrática del voto. Después de que el PRI gobernó el estado 70 años.
Para llegar a esta transición recorrimos un trayecto político adverso, con fraudes electorales, represión, encarcelados y centenas de asesinados. Pese a esto, no llegamos con un ánimo de venganza, ni con resentimiento, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos, en la lucha por nuestros derechos políticos.
Llegamos buscando cómo resolver los graves problemas del estado: el atraso, la miseria, la marginación, la delincuencia y la migración, producto de esos largos años de gobiernos priistas. No detuvimos la ejecución de las obras, de las políticas públicas, ni anduvimos persiguiendo a nadie. No llamamos al linchamiento político, no buscamos aniquilar al adversario ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos convocado a una “Comisión de la Verdad” integrado mayoritariamente por los adversarios políticos del PRI y por los familiares de los perredistas asesinados, para condenar tan reprobables homicidios? ¿Y si hubiéramos llamado a un “Comité Ciudadano” para condenar los fraudes electorales de 1989, 1990, 1992, 1995 y 1998? Integrado mayoritariamente por los candidatos perdedores y dirigentes de partidos derrotados por dichas prácticas fraudulentas antidemocráticas.
Sin duda se hubiera crispado el ambiente político y confrontado a los michoacanos, pero sobre todo, hubiéramos actuado al margen de la ley.
¿Qué hicimos en los dos gobiernos perredistas? Nos ceñimos a la legalidad. No hubo fraudes electorales, no se persiguió o reprimió a nuestros adversarios. A nadie se le condenó a priori, no se crearon organismos a modo, parciales. Y es justo este el carácter del “Consejo Ciudadano” creado por el Gobernador, mediante acuerdo administrativo. Es ilegal y anticonstitucional por no estar previamente establecido para su función, por no garantizar el proceso debido y no prever la garantía de audiencia, ni preservar la presunción de inocencia.
Estamos de acuerdo que revise dicho Consejo las auditorias concluidas por los órganos constitucionales, la Auditoria Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federación. Órganos previamente establecidos que garantizan el proceso debido.
Con órganos ciudadanos, constitucionales e imparciales, se debe analizar el ejercicio del presupuesto público y darlo a conocer a la ciudadanía. No de estudios contables, por despachos de particulares contratados por la propia autoridad que no tienen ningún valor jurídico y solo se presta al linchamiento político. A juzgar sin derecho de defensa y que busca obtener ganancias electorales.
Todo este ambiente político, de condenar sin escuchar se ha originado porque el Gobierno del Estado ha mentido sobre el problema financiero, da cifras falsas, con claros fines políticos. Y no ha querido señalar cuáles son las verdaderas causas de los problemas financieros. Mucho menos apegarse a la legalidad para revisar el presupuesto ejercido.
En cambio nosotros buscamos mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, bajo los principios básicos de la izquierda: reactivar la economía para generar fuentes de trabajo, fortalecer la educación pública, el sistema de salud pública, defender al ejido, la comunidad indígena, los recursos naturales, masificar la cultura y el deporte, promover la democracia participativa, implementar políticas transversales y programas sociales para los grupos más marginados y la lucha por la igualdad por las mujeres, indígenas, migrantes, discapacitados, diferentes por razón de religión, étnica o sexual.
Estos principios se plasmaron en nuestros Plan Estatal de Desarrollo (entregado al Congreso del Estado el 31 de marzo del 2008) y, en la estructura aprobada por el Congreso del Estado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que entró en vigor el 16 de febrero del 2008. Apoyados en la legalidad, establecimos facultades y ruta, no se improvisó. Los presupuestos de egresos se ejercieron con base a los Programas Operativos Anuales y bajo la vigilancia del Congreso.
Los empréstitos son instrumentos legales que todos los gobiernos utilizan para el desarrollo o reactivación de la economía. Lo hacen las economías mundiales y, con mayor razón las entidades federativas. A muchos no nos gusta pedir prestado, pero las necesidades obligan. Vale la pena recordar las crisis económica y de salud que enfrentó el país y nuestro estado en el 2008 y 2009. En 10 años gobiernos perredistas con uso responsable de las finanzas se evito que continuara el deterioro de Michoacán y su gente porque no se estancó la economía, fuimos de los pocos estados donde no aumentó el desempleo, creció el Producto Interno Bruto, disminuyó la pobreza y la delincuencia del fuero común, la mejora en estos índices está avalada por organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Los más de 200 mil empleos, por la obra pública, sin duda ayudaron. Se mejoró la educación pública, principalmente a nivel medio superior y superior y el sistema de salud. Hicimos uso productivo, en obras, del crédito de 7 mil 600 millones que además fue legal y transparente.
Todos debemos contribuir para que tengamos un sistema democrático con paz y tranquilidad, el mejor camino para ello es el apego a la Constitución. En un estado democrático, los triunfos no son para siempre, ni las derrotas permanentes. Las ideas no se eliminan. Esto debe tomarse en cuenta, y evitar dividir a los michoacanos porque no todos somos priistas, ni todos panistas o perredistas, se debe gobernar pensando en todos. Es peligrosa la división de los Michoacanos, y si alguien la sufrió, fuimos los perredistas.
Esto sólo se logrará con cordura, tolerancia, respeto a la Constitución, a la legalidad y al estado de derecho.
Mtro. Leonel Godoy Rangel
Senador de la República
