Diputados del Partido de la Revolución Democrática y su dirigente estatal y ex funcionarios, señalaron que la deuda pública bancaria, más otros pasivos, de por lo menos las últimas tres administraciones estatales, al 31 de diciembre del 2011, asciende a la cantidad de 25,376 millones de pesos, incluida la bursatilización del impuesto a la nómina. Cifras soportadas en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y en los archivos de la SHCP.
El diputado Fidel Calderón expresó que el Gobierno que preside Fausto Vallejo, afirma de forma dolosa y temeraria que la deuda asciende a un monto mayor a los 38,000 millones de pesos.
Vallejo Figueroa, “apartado de los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad, eficiencia y profesionalismo, que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, lo obliga a observar en todo momento, lejos de aplicar una Auditoría Externa e informar sobre sus resultados, el día de ayer, a 36 horas de que iniciaran las campañas electorales, su gobierno realizo una declaración temeraria que carece de la elemental técnica que exige una revisión contable”, agregó Fidel Calderón, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Fidel Calderón, acompañado por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática Víctor Báez y la ex secretaria de Finanzas Mirella Guzmán Rosas, también sostuvo que “la deuda pública bancaria neta de los cuatro años del Gobierno inmediato anterior ascendió a 7,650 millones de pesos”.
Calderón Torreblanca remató señalando que “la cuestionada legitimidad del actual gobierno estatal nos obliga a todos a ser responsables y cuidar la frágil gobernabilidad del estado, ese debiera ser el compromiso de las instituciones, los partidos políticos y los representantes populares.
A continuación, texto integro:
Postura de los Diputados del PRD en la LXXII Legislatura de Michoacán y del Comité Ejecutivo Estatal del PRD.
En relación a la declaración que el día de ayer realizará el Gobierno del Estado, a través del Secretario de Finanzas y Administración, el Grupo Parlamentario del PRD y el Comité Ejecutivo Estatal, manifestamos lo siguiente:
Sin ser producto de una revisión de un órgano competente, el Gobierno del Estado afirma de forma dolosa y temeraria que la deuda recibida asciende a un monto mayor a los 38,000 millones de pesos. Nosotros sostenemos que la deuda pública bancaria, más otros pasivos, de por lo menos las últimas tres administraciones estatales, al 31 de diciembre de 2011, ascienden a la cantidad de 25,376 millones de pesos, incluida la bursatilización del impuesto a la nómina. Cifra que están soportadas en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y en los archivos de la SHCP.
La contratación de la Deuda es una herramienta legal que utilizan todas las administraciones públicas del mundo, para realizar inversión que impulse el desarrollo. Para tener acceso a esta herramienta financiera se requiere de la decisión razonada y coordinada de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, instituciones que tienen una responsabilidad compartida en la materia, tal como sucedió en el caso de Michoacán, en donde la autorización para la contratación de los créditos la otorgaron los Diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y NA de la anterior legislatura.
Durante su campaña Fausto Vallejo Figueroa, firmó ante Notario Público que realizaría una Auditoría externa al recibir el Gobierno del Estado, compromiso que refrendó en su mensaje de inicio de mandato 15 de febrero de este año. Este compromiso es uno más de los tantos que hasta hoy ha incumplido el Titular del Ejecutivo.
Apartado de los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad, eficiencia y profesionalismo, que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, lo obliga a observar en todo momento, lejos de aplicar una Auditoria Externa e informar sobre sus resultados, el día de ayer, a 36 horas de que iniciaran las campañas electorales, su gobierno realizó una declaración temeraria que carece de elemental técnica que exige una revisión contable.
En septiembre del año próximo pasado, la C.P. Verónica Mendoza Torres, entonces titular de la Auditoria Superior del Estado, rindió informe de resultados sobre la Auditoria Especial de la Deuda Pública ordenada por la anterior legislatura del Honorable Congreso del Estado, de esta revisión realizada por la autoridad competente se concluye que la contratación de la deuda pública se realizó dentro del marco jurídico y administrativo vigente.
En Honor a la Verdad y con apego a los principios que rigen el servicio público sostenemos que la deuda pública bancaria neta de los cuatro años de Gobierno inmediato anterior ascendió a 7,650 millones de pesos.
Este recurso financiero se invirtió en obras que todos los michoacanos identifican en sus regiones: La construcción de nuevas carreteras y la rehabilitación de las existentes, la imagen urbana de la Ruta Don Vasco, la Ciudad del Conocimiento, el Centro de Innovación y desarrollo Agroalimentario, la primera etapa los Agro parques del Bajío y Tierra Caliente, el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico de la Isla de La Palma, la Construcción y Operación de 9 Hospitales Regionales, Los Campus de la UMSNH, la Universidad Intercultural Indígena en Pichataro, la Universidad de la Ciénega, la Presa Francisco J. Múgica y 5 Centros Penitenciarios, entre otras obras.
Estas acciones tuvieron un impacto positivo en los indicadores de Desarrollo lo que reconocen el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social y el Gobierno Federal, tan es así, que se disminuyeron para Michoacán y 90 de sus municipios las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, únicamente 23 municipios, encabezados por Morelia no mejoraron sus indicadores de acuerdo a la evaluación federal.
El Gobierno Municipal que encabezó el ahora gobernador, en la Capital del Estado, recibió autorización del Congreso de Michoacán para un endeudamiento neto adicional por 442 millones de pesos, lo que representa el 38.6% del presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 que fue de 1,145 millones de pesos.
Otro ejemplo es el del Gobierno Federal que con base en el análisis de las cuentas públicas, el comportamiento de la deuda pública en los últimos cuatro años tuvo un crecimiento del 85%, además comparando la deuda pública total contra el presupuesto de egresos federal, dicha deuda pública equivale al 187% sobre dicho presupuesto.
Conviene mencionar que en el último ejercicio fiscal del que se tiene informe, se estima que se pagaron 54,200 millones de dólares por concepto de intereses generados por dicha deuda.
A partir del análisis anterior coincidimos con la reciente declaración del titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, al señalar que la deuda pública de los estados, incluido Michoacán, es perfectamente manejable; por lo tanto lo que se requiere es una aplicación de una política financiera adecuada. Por ello, en una acción acordada entre Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, el primero, con una visión de Estado, solicitó en febrero una reestructura de la deuda por 4,950 millones de pesos. Esta medida acompañada del cumplimiento puntual por parte del Presidente de la República, del Presupuesto de Egresos Federal aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolvería las presiones financieras de la Administración Pública Estatal.
En nuestro País desde la época de la dictadura del PRI hemos vivido inmersos en crisis financieras, mismas que hemos tenido que sortear en las finanzas públicas y privadas, y a pesar de ello millones de familias mexicanas con esfuerzo, talento y mucho trabajo han salido adelante, las mismas características exigen la acción de gobierno, no será posible esconder la inacción, la ineficiencia y la falta de respuesta a las organizaciones sociales y sindicales en un problema financiero que nos aqueja desde hace décadas.
La cuestionada legitimidad del actual gobierno estatal nos obliga a todos a ser responsables y cuidar la frágil gobernabilidad del estado, ese debiera ser el compromiso de las instituciones, los partidos políticos y los representantes populares.
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